El Ayuntamiento de Leganés prevé establecer una ordenanza que regule la instalación y gestión de las vallas publicitarias que actualmente “campan” a sus anchas dentro del término municipal.A diferencia de otros municipios vecinos, Leganés carece de una norma que regule cómo, cuándo, dónde, cuánto cuesta y sobre todo quién puede instalar una valla en suelo público o privado.
Hasta la fecha, cualquier empresa o particular puede situar un soporte de este tipo –principalmente en zona privada- sin rendir cuentas a la administración local. El consistorio tan sólo posee la capacidad de instar a su desmantelación. También se ha dado el caso de que una compañía ha solicitado al Ayuntamiento leganense el pertinente permiso y se ha encontrado con la callada por respuesta.
Con la intención de regular todo este embrollo, desde el equipo de gobierno se acaba de crear una comisión con representantes de distintas áreas (seguridad ciudadana, urbanismo y medioambiente) para dilucidar cómo ponen en marcha un proyecto que podría desembocar en un concurso público para que una empresa gestione el “negocio”.
Para que se hagan una idea, en Leganés existen cerca de 300 vallas de este tipo, que suponen a los clientes que las alquilan unos 300 euros al mes. La facturación de este negocio ronda el millón de euros anuales, a los que se deben descontar los gastos de montaje, instalación, filmación, impresión, etc. Ahora, nadie sabe cómo se paga ese dinero.
Más de uno anda ya de los nervios porque no se fían de la transparencia de un “concurso” que podría dejar fuera de juego a empresas que llevan varios años instalando de forma “alegal” soportes de aluminio que no dejan indiferente a nadie y que inundan las vías de acceso a la ciudad.
