Anda la clase política y funcionarial del Ayuntamiento de
Leganés más que preocupada ante la información adelantada ayer por Leganés AlDía sobre la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Leganés en el caso de las gasolineras.
Y digo que andan con las mosca detrás de la oreja porque el
asunto no huele nada bien, una vez que el juez ha decidido, cuanto menos,
revisar buena parte de la documentación relativa a un asunto que sigue
enquistado después de ocho años.
Un tiempo que la empresa denunciante, Leganés La Ballena
S.L., entiende como perdido y que la ha provocado cuantiosas pérdidas
económicas.
Culpan a buena parte de los denunciados de “poner palos en las
ruedas” y entorpecer una actividad económica que en otros municipios
desarrollan con total normalidad, y que en Leganés ha sido vetada en base un
plan Director ancestral, contrario a la libre competencia y que, por lo tanto, daña
el bolsillo del consumidor y beneficia a cierto sector empresarial.
Moratorias, paralizaciones de licencias en trámite, enmiendas
a puntos del Pleno municipal, convenios caducados e incumplidos, una comisión
de trabajo insustancial y una ordenanza municipal repleta de alegaciones y
recurrida en los tribunales han sembrado de dudas la concesión de licencias de
estaciones de servicio, sin que nadie haya querido o sabido afrontar el asunto
con garantías.
En cualquier caso, paradojas del destino, nada debiera
preocupar a quien entiende su trabajo por correcto y ajustado a la legislación
vigente teniendo en cuenta, además, que la denuncia tiene mucho de vendetta
personal, o al menos eso nos parece. En su derecho están, solo faltaría.
En acalde de Leganés, Santiago Llorente, que podría entender
este asunto como heredado, ya ha señalado al respecto que “nosotros lo que
queremos es cumplir la ley a rajatabla”. Pues sí, parece que en eso está el
juez.
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