martes, 23 de octubre de 2018

Guerra Petrolera (II)


Anda la clase política y funcionarial del Ayuntamiento de Leganés más que preocupada ante la información adelantada ayer por Leganés AlDía sobre la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Leganés en el caso de las gasolineras.

Y digo que andan con las mosca detrás de la oreja porque el asunto no huele nada bien, una vez que el juez ha decidido, cuanto menos, revisar buena parte de la documentación relativa a un asunto que sigue enquistado después de ocho años.

Un tiempo que la empresa denunciante, Leganés La Ballena S.L., entiende como perdido y que la ha provocado cuantiosas pérdidas económicas. 

Culpan a buena parte de los denunciados de “poner palos en las ruedas” y entorpecer una actividad económica que en otros municipios desarrollan con total normalidad, y que en Leganés ha sido vetada en base un plan Director ancestral, contrario a la libre competencia y que, por lo tanto, daña el bolsillo del consumidor y beneficia a cierto sector empresarial.

Moratorias, paralizaciones de licencias en trámite, enmiendas a puntos del Pleno municipal, convenios caducados e incumplidos, una comisión de trabajo insustancial y una ordenanza municipal repleta de alegaciones y recurrida en los tribunales han sembrado de dudas la concesión de licencias de estaciones de servicio, sin que nadie haya querido o sabido afrontar el asunto con garantías.

En cualquier caso, paradojas del destino, nada debiera preocupar a quien entiende su trabajo por correcto y ajustado a la legislación vigente teniendo en cuenta, además, que la denuncia tiene mucho de vendetta personal, o al menos eso nos parece. En su derecho están, solo faltaría.

En acalde de Leganés, Santiago Llorente, que podría entender este asunto como heredado, ya ha señalado al respecto que “nosotros lo que queremos es cumplir la ley a rajatabla”. Pues sí, parece que en eso está el juez.

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